La Cámara de Diputados aprobó este martes 9 de diciembre de 2025 una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la fabricación, importación, comercialización y publicidad de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares en todo el territorio nacional.
Votación y sanciones
El dictamen resultó aprobado en lo general con 324 votos a favor y 129 en contra. Posteriormente, en la votación en lo particular, 292 diputados aprobaron la reforma, mientras 163 se opusieron.
La reforma establece sanciones de 1 a 8 años de prisión y multas de entre 11,000 y 226,000 pesos para quienes elaboren, vendan, importen o distribuyan estos dispositivos con fines comerciales.
🔒 Qué prohíbe la ley y qué no
El contenido del dictamen señala que queda prohibido —sin excepciones— la producción, comercialización, importación, exportación, distribución, venta y publicidad de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos análogos.
Sin embargo —y ante críticas de la oposición— los legisladores incluyeron una reserva para dejar claro que la posesión o consumo personal no será sancionable, siempre que no haya fines comerciales.
Los promotores de la reforma —principalmente de la bancada oficialista— argumentan que esta medida busca blindar la salud de niñas, niños y adolescentes, ante el incremento del uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en jóvenes, muchos veces promocionados como “alternativas seguras”.
También se plantea que con la reforma se refuerzan las facultades de las autoridades sanitarias y se fortalece la regulación del mercado para evitar el tráfico ilegal de estos dispositivos.
Diputados de oposición —de los partidos PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y parte del PT— advirtieron que la prohibición absoluta podría abrir paso a un mercado negro dominado por grupos delictivos, además de acusar que la reforma criminaliza prácticas ya extendidas.
La diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, denunció que la ley representa “la reforma más prohibicionista, más autoritaria y más absurda que este país ha visto en décadas”.
Con esta aprobación en San Lázaro, el dictamen será enviado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. En caso de aprobarse sin cambios, la ley entrará en vigor y comenzará a aplicarse en todo el país.
Con información de varios medios nacionales
