Por Diego Gálvez
El abogado César García Lagunas, aseguró que él y su cliente Perry Lloyd, de origen canadiense, han recibido amenazas e intimidación después de denunciar a Elizabeth Romo Cortez, por los delitos de fraude, robo, abuso de confianza y extorsión, quien presuntamente despojó de su patrimonio en 2022 al denunciante.
El abogado defensor del ciudadano extranjero manifestó que, luego de reiniciarse el proceso judicial contra la señora Romo Cortez, a quien acusan de encabezar un cartel inmobiliario en la entidad, el señor Lloyd fue amenazado y tuvo que salir del país por temor a ser objeto de alguna represalia.
Dijo que es el mismo modo de operar con los anteriores abogados del canadiense, por lo cual abandonaron el caso, pero ahora con esta nueva etapa del proceso legal se llegará hasta el fondo del asunto.
“A la señora Romo Cortez le decimos que deje de sentirse todopoderosa y de amenazar a la gente porque no tenemos miedo de sus acciones y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque despojar a un señor de 62 años de su fondo de retiro, no tiene nombre”, mencionó.
Apuntó que la presunta fraudeadora compró en Hermosillo una vivienda con dinero producto de la venta de una de las casas del señor Lloyd en San Carlos, Nuevo Guaymas, por lo cual los adquirientes están en riesgo de perder ese activo ya que se incluirá en el juicio esa propiedad. Además de ellas, se investiga el actuar de notarios públicos de Hermosillo y Guaymas que aparentemente se coludieron con la presunta para poner a su nombre al menos cuatro propiedades en ambos municipios.
El abogado de Lloyd asegura que el fraude asciende a poco más de 50 millones de pesos. Recordó que en 2022 el canadiense de 62 años conoció en un viaje a la abogada sonorense, quien le convenció de invertir en propiedades en la zona de San Carlos y Hermosillo y posteriormente logró que se casaran con el argumento de que solamente de esa manera él podría escriturar a su nombre las propiedades.
A los cuatro meses de casados, y una vez con las propiedades a su nombre, ella interpuso una demanda de divorcio, pero al canadiense ninguna autoridad sonorense le envió documentos para emplazarlo. Al trasladarse a Hermosillo, él quiso ingresar a su casa, ubicada en el fraccionamiento Salvatierra, pero se encontró que ella ya vivía ahí, le había cambiado las chapas de las puertas y no lo dejó ingresar para sacar sus pertenencias.
La Juez de lo Familiar, María Liñán del Carmen Peña Peña, le concedió a ella apoderarse de la casa, sin el consentimiento del canadiense, bajo el pretexto de que no podía quedarse sin dónde vivir. Dijo que la Fiscalía Anticorrupción de Sonora tiene avances en la investigación contra notarios públicos Miguel Ángel Corral Ríos, Jesús Ernesto Muñoz Quintal y Alfredo Ortega López, de Hermosillo, así como Miguel Ángel Salas Mariscal, de Guaymas, que incumplieron con su deber de verificar la procedencia de los recursos para adquirir propiedades y concedieron ilegalmente colocarlas a nombre de la demandada.
