Tomado de El Universal y Milenio
– Con el apoyo de todas las bancadas en la Cámara de Diputados, se avaló en lo general y particular esta reforma que eleva a rango constitucional este programa y fue remitida al Senado de la República.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 473 votos, la reforma al artículo 123 constitucional para otorgar un apoyo mensual de un salario mínimo (7 mil 467 pesos en 2024) hasta por un año a los jóvenes de entre 18 y 29 años en desocupación laboral y sin cursar educación formal, a fin de recibir capacitación en negocios, empresas, talleres o tiendas.
No obstante, los diputados de la oposición criticaron que el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por el cual se distribuyen dichos recursos actualmente, ha tenido reiteradas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades en su operación.
La finalidad del apoyo económico es que los jóvenes “se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas”, establece el dictamen aprobado.
Durante la discusión del dictamen, el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez (PRI) denunció diversas irregularidades en el ejercicio del presupuesto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, como el desvío de recursos y el cobro de “moches”.
“Han fallado en la correcta implementación y supervisión de este programa, y para ello les quiero dar unos datos. Al cierre del 2023, se reportó que más de 170 millones de pesos que estaban asignados a este programa, tuvieron observaciones por irregularidades, como empresas fantasmas, duplicidad de padrones y, lo más triste, compañeras y compañeros, les pidieron moches a los jóvenes, dinero que era para ellos. Este programa, como ya lo he dicho, tiene futuro, pero sólo si se corrigen las fallas en su ejecución”, aseveró.
El diputado Francisco Javier Farías (MC) coincidió en que el programa no tiene mecanismos para evitar irregularidades, como el desvío de fondos.
“El programa también presenta regularidades, como el moche que les tienen que dar las personas que están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el 50% que tienen que darle a los tutores, que le piden este dinero, estamos hablando de corrupción. Hay que revisar eso también, para que a los jóvenes no se les quite el dinero”, dijo.
La diputada Andrea Navarro (Morena) aseguró que el programa ayuda a atender las causas que generan la violencia para quitarle al crimen organizado la posibilidad de permear en las juventudes.
“Este programa enseña a los jóvenes que solo con un trabajo honrado y honesto, se puede vivir mejor. Nos hace ver que el lujo y las excentricidades que se logran con actividades ilícitas son efímeros. (Se han destinado) 132 mil millones de pesos para financiar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que al día de hoy ha capacitado a 2 millones 973 mil 461 jóvenes en distintos centros de trabajo”, detalló.
Por el contrario, la diputada Diana Estefanía Gutiérrez (PAN) denunció que el programa de jóvenes construyendo el futuro ha sido uno de los programas que más observaciones ha tenido de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Hemos visto cómo quieren venir aquí, a esta tribuna a darse baños de pureza, los del gobierno de Morena, y a decir que se está apoyando a la juventud; sin embargo, eso es una falsedad, este gobierno es el gobierno que más le ha quitado recursos al Instituto Nacional de la juventud, es el gobierno que ha abandonado a sus jóvenes y a las generaciones futuras, queriendo hacer propuestas que dañen a nuestro medio ambiente, que dañe nuestro futuro”, dijo.
Lo que sigue tomado de Milenio:
Como parte del llamado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, el proyecto turnado al Senado de la República para su análisis y ratificación plantea así elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
“El Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel de educación formal, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta doce meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas”, establece la adición al texto constitucional.
Al fijar la posición de Morena a favor del dictamen, el diputado Guillermo Santiago denunció la estigmatización de los jóvenes que no estudian ni trabajan, y defendió la reforma constitucional.
“En el pasado, a las y los jóvenes nos criminalizaron, estigmatizaron y nos dijeron que éramos ninis en el sexenio de (Felipe) Calderón. Nos responsabilizaron de la desgracia nacional, lo cual era una completa y absoluta mentira. Las y los jóvenes no somos ninis, sino personas con derechos y con capacidad que queremos el desarrollo para nuestro país. Antes decían que no ajustaba el presupuesto para atender a los jóvenes, pero el problema no era la falta de dinero, era que sobraban rateros”, arengó.
Por el PAN, la legisladora Abril Ferreyro expresó el respaldo de su partido al dictamen, pero sostuvo que la propuesta se queda “corta” y planteó una beca universal para los jóvenes mexicanos.
“Reconocemos esta propuesta, pero reiteramos que se queda corta, porque no podemos permitir que el apoyo a jóvenes sea exclusivo solamente para quienes no trabajan o no estudian. Es por ello que proponemos que el apoyo sea universal, accesible y para todas las juventudes. Que no se quede nadie afuera, especialmente aquellos en situación vulnerable”, dijo.
En su turno, el priista Carlos Eduardo Gutiérrez señaló que el programa de apoyo a los jóvenes tiene futuro, pero solo si se corrigen fallas y se garantiza que los recursos lleguen a los jóvenes, sin quedarse en manos de quienes los distribuyen con fines personales o políticos.
“Debemos rechazar las imposiciones, la opacidad, y, sobre todo, los condicionamientos que han caracterizado las políticas del oficialismo. No se trata de controlar a los jóvenes, se trata de empoderarlos, y por eso es fundamental que este apoyo se eleve a rango constitucional, para que su aplicación sea universal y no dependa del color o de las siglas de un partido político”, remarcó.
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