Hermosillo, Sonora, a 11 de septiembre de 2026. Representantes empresariales, autoridades, sociedad civil y academia firmaron en Hermosillo el Pacto contra la Extorsión para Impulsar la Prosperidad, la Justicia Económica y la Seguridad en Sonora, con el objetivo de fortalecer la protección de los negocios, fomentar la formalidad y generar mejores condiciones para el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Martín Zalazar Zazueta, coordinador de Concanaco Servytur en Sonora, llamó a realizar acciones en pro del gremio del cual forma parte, trabajando de manera conjunta con las autoridades municipales y estatales.
“Hoy quiero hablarles no solamente como coordinador de Concanaco Servytur, quiero hablarles como alguien que conoce, que escucha todos los días a los pequeños comerciantes, a los empresarios de nuestro estado. Porque cuando hablamos de una MiPyme, muchas veces hablamos de números, empleos o estadísticas, pero detrás de cada pequeño negocio hay una historia. Eso es lo que tenemos que proteger y por eso este pacto contra la extorsión, la prosperidad, la justicia económica y la seguridad es tan importante para Sonora”, resaltó.
Añadió, que todo eso es importante en un estado como Sonora, para que todos los comerciantes y empresarios puedan trabajar tranquilos y dinamizar la economía regional.
Recalcó, que la extorsión y la inseguridad es una preocupación real para los empresarios en todo el país, por eso reconocía y valoraba el trabajo de las autoridades que están enfrentando este problema.
En su intervención, tambien solicitó, que se reduzca la burocracia, se facilite el acceso de los pequeños comercios a capacitación, tecnología y financiamiento, ya que todo eso, son factores indispensables para fortalecer a los negocios de todos los giros, tamaños y mejorar su capacidad de crecimiento y competitividad.
Por su parte, José Díaz Hernández, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el área de vinculación del Centro de Atención a Denuncias por el delito de Extorsión (CADE), explicó que la estrategia nacional contempla cinco ejes: prevención; investigación e inteligencia; fortalecimiento de las unidades antisecuestro locales; aplicación de un protocolo de atención a víctimas, y capacitación de operadores del 089 en manejo de crisis y negociación.
Precisó que el 089 funciona como línea única de denuncia, mientras que el CADE recibe información mediante correo electrónico, redes sociales, reportes cibernéticos, grupos de WhatsApp y aplicaciones móviles. Hasta el momento, se han registrado 8 mil 294 denuncias, de las cuales mil 373 fueron identificadas como cobro de piso.
“No es que se haya disparado el delito, sino simplemente el índice cambió. La gente empieza a denunciar y, con esa denuncia, nosotros vamos evitando y vamos en contra de la cifra negra”, afirmó Díaz Hernández.
Añadió que el pacto no debe quedarse en un acto protocolario, sino convertirse en una ruta de corresponsabilidad para combatir el delito.
Por su parte, el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, destacó que la seguridad requiere coordinación entre los tres niveles de gobierno, así como la participación activa del sector empresarial y la sociedad civil.
Informó que la ciudad pasó de contar con 70 patrullas en 2021 a 350 unidades actualmente, además de registrar una inversión superior a 600 millones de pesos en equipamiento, contratación, capacitación y certificación policial.
También señaló que el tiempo promedio de atención a una llamada de emergencia disminuyó de aproximadamente 40 minutos a cinco minutos.
Y finalmente, Octavio de la Torre Stéffano, presidente de Concanaco Servytur México, informó que Sonora se convirtió en la entidad número 17 en sumarse a esta iniciativa nacional. Subrayó que los problemas compartidos exigen responsabilidades compartidas y advirtió que el éxito del pacto dependerá de las acciones posteriores a la firma.
El dirigente empresarial planteó fortalecer la cultura de la denuncia, facilitar trámites y permisos, mejorar el acceso al financiamiento y avanzar hacia una regulación más eficiente, a fin de que los negocios familiares puedan crecer sin enfrentar cargas adicionales por la delincuencia o la burocracia.
