Un gasolinero dijo que “La Barredora” le impuso la venta de tres pipas por semana (90 mil litros); vendían el litro en 15 o 16 pesos cuando en el mercado legal costaba 20, y que la mitad de las ventas tenía que llegar a Bermúdez.
TOMADO DE EL IMPARCIAL
TABASCO.— La Fiscalía y la investigación federal detallan un esquema de extorsión y despojo contra gasolineros de Tabasco. En las órdenes de aprehensión a las que tuvo acceso Reforma se señala que, bajo el mando de Hernán Bermúdez Requena, el grupo conocido como “La Barredora” obligaba a estaciones de servicio a recibir y vender combustible robado y a entregar el dinero de las ventas.
Gasolineros de Tabasco afirmaron que fueron forzados a comercializar huachicol y a entregar el dinero de su venta. Un empresario que rechazó el trato, según su testimonio, fue despojado de su estación.
Ramón Martínez Armengol, dueño de Corporativo Paragas, declaró que fue “levantado” y que perdió su gasolinera cuando decidió dejar de vender combustible ilegal.
¿Quién es Hernán Bermúdez Requena y qué se le acusa?
Hernán Bermúdez Requena fue Secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López.
La Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales giraron órdenes de aprehensión contra Bermúdez por asociación delictuosa, extorsión, secuestro exprés y delincuencia organizada, según las constancias judiciales a las que tuvo acceso Reforma.
¿Cómo operaba “La Barredora” según las denuncias?
El negocio, de acuerdo con el testimonio, consistía en que las gasolineras recibieran pipas de huachicol y vendieran el combustible a menor precio.
Martínez dijo que “La Barredora” le impuso la venta de tres pipas por semana, es decir, 90 mil litros. Explicó que vendían el litro en 15 o 16 pesos cuando en el mercado legal costaba 20, y que la mitad de las ventas tenía que llegar a Bermúdez.
Martínez señaló que las pipas siempre llegaban escoltadas por camionetas blancas que, según él, parecían ser de la FGR. Ofreció fotografías de esos vehículos a las autoridades.
Cronología del despojo a Corporativo Paragas
- El 18 de agosto de 2018 Martínez abrió una gasolinera en la carretera a Samarkanda, Villahermosa.
- Tres meses después, una camioneta llegó a la estación y descendieron integrantes de “La Barredora”. Martínez declaró: “Me dijeron que, a partir de ese momento, les tenía que recibir una pipa con huachicol de 30 mil litros… Haciéndome mención los sujetos que, en caso de no acceder, le causarían daño a mí y a mi familia”.
- Tras aceptar el trato, Martínez declaró que “La Barredora” le impuso la venta semanal de tres pipas. El acuerdo, según él, duró seis meses.
- En mayo de 2019, cuando Martínez avisó que ya no aceptaría pipas de huachicol, fue interceptado mientras conducía. Manuel de Atocha le disparó a la altura del abdomen; el empresario resultó herido por rozón. Lo secuestraron, lo golpearon y le exigieron firmar la cesión del 70% de la gasolinera ante un notario. Martínez dijo que el notario le dijo que era mejor firmar “porque, si no, lo iban a matar”.
- Martínez firmó un poder que permitió a Manuel de Atocha administrar parte de la gasolinera. Presentó luego una demanda civil para revocar ese poder y ganó. En 2021 se instruyó el lanzamiento (orden de desalojo) para recuperar el establecimiento.
¿Qué ocurrió con la ejecución de órdenes judiciales?
Martínez asegura que, tras ganar la demanda civil, las autoridades no ejecutaron el desalojo. Denunció que la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública estatal rechazaban tramitar el apoyo de fuerza pública. Según su testimonio, cuando acudió directamente con Bermúdez pidió su ayuda. Después de esa reunión, el despacho jurídico Palavicini-Bermúdez Requena promovió recursos legales a favor de Manuel de Atocha que impidieron la ejecución del desalojo.
Hernán Bermúdez Requena actuaba como juez y parte”.
Martínez narró que, en 2022, Bermúdez le pidió que gestionara con Carlos Tomás Díaz Rodríguez, apodado “El Licenciado Tomasín”, y que para obtener apoyo tendría que dar una parte de la gasolinera. Luego, en 2023, Bermúdez le exigió transferir el 50% de la propiedad como condición para devolverle el establecimiento.
Martínez afirma que hubo pagos y presiones para evitar el desalojo, incluido un contacto con el presidente del tribunal Enrique Priego.
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