Por Oralia Acosta G.
NN Sonora.
El exsecretario de Educación y Cultura de Sonora, José Víctor Guerrero González, hizo pública una carta dirigida a la opinión pública en la que rechaza las acusaciones de peculado en su contra y exige que se reactive la denuncia y demanda civil presentada contra la empresa Consulta Actuarios, SC, así como que la Fiscalía Anticorrupción del Estado (FAS) ponga a disposición del juez la carpeta de investigación completa, donde —asegura— existen pruebas documentales de que él mismo impulsó acciones legales contra dicha empresa desde años atrás.
En el documento, fechado el 6 de enero de 2026, Guerrero sostiene que los recursos por los que fue imputado no son públicos, sino fondos privados provenientes de retenciones voluntarias a la nómina de trabajadores de la educación, agrupados en su mayoría en la Sección 54 del SNTE, y destinados a un esquema de previsión social conocido históricamente como Plan de Beneficios Múltiples (PBM).
El exfuncionario subraya que, al no tratarse de recursos públicos ni presupuestales, no se configura el delito de peculado, como lo sostiene la Fiscalía Anticorrupción. Explica que dichas retenciones se realizan directamente del salario de los trabajadores, están plenamente identificadas en recibos de nómina y comprobantes bancarios, y tienen como finalidad otorgar apoyos económicos en casos de incapacidad permanente, fallecimiento u otras prestaciones sociales.
Señala omisiones de la Fiscalía
Guerrero acusa que la FAS presentó solo una parte de la carpeta de investigación ante la jueza de control, omitiendo documentos que —afirma— prueban que desde su gestión se detectaron irregularidades en la operación del PBM y que, en consecuencia, se procedió legalmente contra la empresa encargada de su administración.
De acuerdo con la carta, en 2020, ya como titular de la SEC, Guerrero identificó inconsistencias en pagos e integración de expedientes, lo que derivó en instrucciones al Comité Técnico del plan para revisar la operación. Posteriormente, en 2021, se presentó una denuncia penal y una demanda civil contra Consulta Actuarios, SC, con el objetivo de recuperar recursos de los trabajadores que presuntamente fueron utilizados para fines distintos al plan.
Sin embargo, el exsecretario asegura que la demanda civil fue detenida a finales de 2024 y que la Fiscalía Anticorrupción reorientó la investigación, ahora en contra de los funcionarios que originalmente denunciaron a la empresa, situación que calificó como “sorprendente” y contraria a la lógica jurídica.
Exige transparencia y revisión judicial
En su pronunciamiento, Guerrero demanda que la Fiscalía Anticorrupción actúe de inmediato, reactive la acción legal contra la empresa y permita que el Poder Judicial analice la totalidad de las pruebas, las cuales —afirma— obran en la carpeta de investigación desde 2021, incluyendo oficios, convenios, estados de cuenta, transferencias bancarias y comprobantes fiscales.
Asimismo, advirtió que, si la Fiscalía insiste en sostener que los recursos del plan son públicos, deberá entonces investigar también a funcionarios de la actual administración, ya que el mismo esquema financiero continúa operando, lo que implicaría —según su argumento— un presunto desvío de recursos estatales.
Finalmente, el exsecretario hizo un llamado a que el caso se resuelva sin interferencias externas, con total transparencia y respeto al debido proceso, al señalar que su libertad personal y su presunción de inocencia han sido vulneradas por declaraciones públicas previas y por la actuación parcial de la autoridad investigadora.
La Fiscalía Anticorrupción de Sonora no ha emitido, hasta el momento, una postura pública en respuesta a la carta difundida por el exfuncionario.
