El cártel electoral también juzga: el Tribunal Estatal Electoral cierra el paso al cambio de denominación del PRD Sonora
La Mesa de Unidad por la Democracia rechaza la sentencia con la que el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, en su sesión del viernes 13 de noviembre, declaró infundados los agravios del PRD Sonora y confirmó, por unanimidad, el acuerdo del Instituto Estatal Electoral que le negó el cambio de denominación a Movimiento de Acción Ciudadana Sonorense. Con esta resolución se cierra el círculo que hemos denunciado: el mismo grupo que se apoderó del árbitro administrativo también está presente en el órgano que debe revisar sus actos.
El PRD Sonora aprobó su nueva denominación el 26 de julio, más de dos meses antes del inicio del proceso electoral. Ninguna ley exige a un partido político un plazo de noventa días para cambiar de nombre; la única condición legal es hacerlo antes de que inicie el proceso, y se cumplió. El Instituto aplicó un plazo que la ley no contiene, después de dejar vencer el término que tenía para resolver, y el Tribunal convalidó ambas cosas. Se le negó a la militancia el derecho a decidir el nombre de su propio partido.
Esta resolución no puede leerse al margen de las trayectorias de quienes integran el Tribunal. La magistrada presidenta, Alejandra Velarde Félix, fue coordinadora del Área de Presidencia del Instituto Estatal Electoral en la época en que lo presidía Guadalupe Taddei Zavala, según su propia semblanza oficial. La secretaria general en funciones de magistrada, Aurora Guadalupe Gutiérrez Ramírez, fue nombrada en febrero de 2025 directora general de Actualización Normativa de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, dependencia que entonces encabezaba Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la expresidenta del INE y exsecretario particular del gobernador Alfonso Durazo.
A ello se suma que en la Presidencia del Tribunal se desempeñan como proyectistas René Domínguez Acuña y Antonio Gutiérrez, quienes en el pasado proceso electoral fueron representantes del partido Morena. Los proyectos de sentencia que habrán de resolver las impugnaciones de 2027 se preparan en manos de quienes hasta hace poco litigaban a nombre del partido en el gobierno. Eso no es imparcialidad: es ser juez y parte.
Nuestro señalamiento es institucional. No se dirige a ninguna persona por su condición de mujer ni pone en duda su capacidad profesional; se refiere a cargos, trayectorias y vínculos que constan en documentos públicos y que comprometen la apariencia de imparcialidad que exige la Constitución. La misma exigencia la hacemos a los hombres que forman parte de esta red, empezando por el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Nery Ruiz Arvizu, y por el exsecretario particular del gobernador, Luis Rogelio Piñeda Taddei.
Lo advertimos al presentar la anatomía del cártel electoral de Sonora: el INE, el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral, los tres pisos del arbitraje electoral, pasan por el mismo círculo. Primero el Instituto negó el cambio de denominación; ahora el Tribunal lo confirma. El cártel electoral también está anclado en el Tribunal.
Por lo anterior, la Mesa de Unidad por la Democracia:
1. Respalda al PRD Sonora en su decisión de acudir a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que una instancia ajena a esta red revise la sentencia.
2. Exige al Tribunal Estatal Electoral que haga pública la integración de sus ponencias y la trayectoria de su personal jurídico, y que quien haya representado a un partido político se abstenga de proyectar asuntos en los que ese partido o sus adversarios sean parte.
3. Reitera que, rumbo a 2027, la exigencia mínima es un arbitraje de carrera, autónomo y ajeno a las redes de poder.
No hay democracia con un árbitro secuestrado, ni justicia electoral con un tribunal que juzga desde un solo lado.
MESA DE UNIDAD POR LA DEMOCRACIA




