Tomado de La Jornada
Hermosillo, Son. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo en Arizona a Roberto Copado Gutiérrez, quien se desempeñaba como director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Hermosillo en junio de 2009, cuando ocurrió el incendio en la Guardería ABC, tragedia que cobró la vida de 49 niñas y niños y dejó más de un centenar con lesiones.
De acuerdo con fuentes oficiales, Copado Gutiérrez se encuentra recluido en el centro de detención migratoria de Florence, Arizona, a la espera de definirse su situación legal. El exfuncionario cuenta con una sentencia vigente de cinco años y siete meses de prisión, relacionada con su responsabilidad en los permisos y dictámenes de operación emitidos a establecimientos como guarderías y otras empresas.
Durante su gestión, Copado era el encargado de firmar los dictámenes de seguridad y funcionamiento que avalaban el cumplimiento de medidas de protección civil. Dichos documentos fueron parte de las investigaciones que derivaron en procesos penales contra distintos funcionarios de los tres niveles de gobierno tras la tragedia del 5 de junio de 2009.
La detención del exdirector se produce más de 16 años después del incendio, en medio de una serie de acciones judiciales recientes contra implicados en el caso, entre ellos la reciente deportación y captura de Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la Guardería ABC quien detenida el pasado 15 de enero en Estados Unidos. Apenas el pasado viernes fue aprehendida por la Fiscalía General de Sonora y recluida en el Cereso Femenil Hermosillo 1, luego de su deportación y captura.
Patricia Duarte y José Francisco Quintana, padres del menor fallecido Andrés Alonso, han denunciado reiteradamente que la corrupción en el Poder Judicial se encuentra enraizada, pues la mayoría de los responsables fueron absueltos y aún continúan interponiendo recursos para dilatar la aplicación de la justicia. Esta denuncia es el principal clamor de miles que salen a marchar por las calles de Hermosillo cada 5 de junio, exigiéndole a las autoridades en turno que garantice justicia al caso que cobró la vida de 25 niñas y 24 niños en la tragedia infantil más grave del país.
El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio denunció que, pese a que el caso ha recorrido todas las instancias judiciales del país, persisten la impunidad y el retardo en la ejecución de las penas. Las familias de las víctimas reiteraron su demanda de justicia real, castigo efectivo a los responsables y reparación integral del daño.
Dichas sentencias han evolucionado y se han reducido, con condenas que han variado desde los 20 hasta los 29 años inicialmente, y recientemente, se han registrado condenas más cortas de 5 a 8 años y 10 meses para algunos implicados, como los socios y funcionarios. El caso ha pasado por varias instancias, incluyendo la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ratificó la culpabilidad de 22 personas, pero a su vez solicitó la reducción de las penas originales.
A los socios de la guardería y funcionarios se les dictaron 5 años y 7 meses de prisión; los funcionarios de Hacienda y Protección Civil fueron condenados a penas entre 4 años y 9 meses y 5 años y 7 meses; mientras que al titular del Departamento de Guarderías del IMSS obtuvo una sentencia de 8 años y 10 meses; de estos 22 implicados solo dos han sido detenidos: Téllez Nieves y Copado Gutiérrez.
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