Ciudad de México, 23 de julio de 2026.- El debido proceso no se negocia, es la armadura que tienen los ciudadanos mexicanos para protegerse ante actos de autoridad del Estado y ser escuchados en un juicio respetando sus garantías y derechos, aseguró el senador por Sonora, Iván Jaimes Archundia.
Al intervenir en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, durante la discusión por la detención del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo -donde la oposición acusó al gobierno de “persecución política”-, el legislador sostuvo que a nadie se le puede culpar ni sentenciar por sospechas.
“No se culpa y no se sentencia a nadie por sospechas, sino por certezas”, sentenció en tribuna al reflexionar sobre lo que está sucediendo en México en materia de impartición de justicia.
Subrayó que el debido proceso no es un favor del Estado al imputado, es más bien la regla fundamental de todo juicio penal y quienes integran la asamblea deben tomarlo con la mayor seriedad.
En ese sentido, dijo que para cualquier mexicano acusado de un delito, sea político o ciudadano, deben cumplirse ciertas garantías, como ser escuchado, que se respeten sus garantías individuales y, en todo caso, ser sentenciado por certezas, no por sospechas.
En un ejercicio de memoria histórica, recordó que muchos líderes de la izquierda reclamaron en su momento las arbitrariedades del Estado mexicano contra figuras políticas -que ciertamente se dieron- pero la pregunta es si hoy se tiene capacidad para ver si el actual Poder Judicial está actuando con debido proceso.
“Los retos son enormes y créanme, no solo es al interior del país, la comunidad internacional nos está mirando de cómo estamos llevando a cabo nuestros procesos”, advirtió.
Jaimes Archundia planteó la necesidad de legislar y establecer clínicas de garantías y control de licitud para que se estudien las pruebas ilícitas y se eviten las detenciones arbitrarias, imputando sanciones administrativas y penales a ministerios públicos que se hagan de pruebas ilícitas en el proceso.
Insistió en la necesidad de volver a revisar la prisión preventiva que hoy en día se aplica de manera automática y sin revisar sus alcances, lo cual afecta no solo a figuras políticas. Hoy en día, dijo, hay muchos ciudadanos en prisión a los que no se les está respetando el debido proceso ni la presunción de inocencia.
“La presunción de inocencia no es un poema, es una regla de juicio: La inocencia no se demuestra; se presume” sentenció.
