El vicecoordinador de Morena en San Lázaro pidió a la FGR iniciar una investigación de oficio y advirtió que la renuncia de la exconsejera presidenta no debe frenar el esclarecimiento de los contratos bajo sospecha.
CIUDAD DE MÉXICO.— El diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, lanzó fuertes acusaciones contra Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que debe enfrentar consecuencias penales y administrativas por las presuntas irregularidades detectadas en contratos de adquisición de materiales del organismo.
Durante la comparecencia de Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, ante la Cámara de Diputados, el legislador sostuvo que las investigaciones deben llegar hasta sus últimas consecuencias y no limitarse a la salida de Taddei de la presidencia del instituto.
Ramírez Cuéllar afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) debería intervenir de oficio para investigar los posibles delitos, además de tomar medidas sobre los bienes y las cuentas de las empresas señaladas como proveedoras del órgano electoral.
En su intervención, el morenista fue más allá al plantear que se emprenda una investigación de gran alcance, a la que denominó un “maxiproceso”, con el propósito de identificar a todos los involucrados en lo que describió como una presunta red de intermediación irregular y contratación de proveedores.
El diputado también cuestionó la actuación de anteriores responsables de los órganos fiscalizadores, al considerar que deben proporcionar información sobre cómo se originaron y desarrollaron estas posibles prácticas dentro del INE.
Pide que la renuncia de Taddei no cierre las investigaciones
El vicecoordinador de Morena insistió en que la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del instituto electoral no debe convertirse en un argumento para dar por terminado el caso ni para deslindar responsabilidades.
A su juicio, las autoridades competentes deben determinar si existieron faltas administrativas o conductas constitutivas de delito, así como establecer quiénes participaron en las operaciones bajo investigación.
Ramírez Cuéllar también advirtió sobre la necesidad de acelerar las indagatorias ante la proximidad del proceso electoral de 2027, al señalar que faltan 219 días para su inicio, por lo que consideró indispensable esclarecer los cuestionamientos que pesan sobre el organismo electoral.
Las declaraciones se producen en medio de la controversia por las presuntas irregularidades en contrataciones del INE y las revisiones sobre posibles conflictos de interés relacionados con empresas proveedoras.
Hasta ahora, los señalamientos expuestos por el legislador constituyen acusaciones que deberán ser acreditadas mediante las investigaciones y procedimientos legales correspondientes.
