La medida alcanza a 28 personas físicas y 15 empresas; la autoridad detectó operaciones financieras consideradas de riesgo y abrió la puerta a investigaciones por posibles responsabilidades.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 43 personas vinculadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de detectar operaciones financieras que, de acuerdo con la autoridad, presentan elementos de riesgo y requieren ser revisadas por las instancias competentes.

La medida, informada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incluye a 28 personas físicas y 15 personas morales, cuyos movimientos financieros fueron identificados durante los análisis realizados por la UIF.

Además del bloqueo preventivo, la dependencia informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y, en su caso, se determinen posibles responsabilidades conforme a la legislación.

UIF aclara que no implica responsabilidad definitiva

La Secretaría de Hacienda precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas tiene carácter preventivo y precautorio, por lo que no constituye por sí misma una determinación de responsabilidad.

Las personas incluidas en la lista cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable, de acuerdo con el comunicado.

La UIF señaló que las acciones derivan de análisis financieros en los que fueron identificados elementos considerados de riesgo y que, a partir de estos hallazgos, corresponde a las autoridades competentes realizar las investigaciones para determinar si existe alguna conducta ilícita.

Denuncia ante la Fiscalía

Como parte del procedimiento, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la FGR para que la Fiscalía determine, dentro de sus atribuciones, si los hechos analizados pueden derivar en responsabilidades legales.

La dependencia no dio a conocer en el comunicado los nombres de las personas o empresas involucradas, los montos de las operaciones bajo revisión ni los proveedores electorales con los que estarían relacionados.

La Secretaría de Hacienda reiteró que las acciones forman parte de las labores de prevención, detección y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita, bajo los principios de debido proceso y presunción de inocencia.

La investigación queda ahora en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar el alcance y las posibles responsabilidades derivadas de las operaciones financieras detectadas por la UIF.