Tomado de Staff Sergio Valle febrero 5, 2026

El Ayuntamiento de Naco enfrenta una severa crisis financiera y administrativa que mantiene a más de un centenar de trabajadores sin pago oportuno, arrastra una deuda cercana a los 25 millones de pesos y podría derivar en sanciones judiciales por presunto desacato a una orden de amparo, reveló el regidor José Torres. 

De acuerdo con el edil, la reciente protesta ciudadana, que incluyó el cierre real de las oficinas municipales, fue detonada por el incumplimiento reiterado en el pago de nóminas, aguinaldos y pensiones.  

En entrevista para Nuestras Noticias, José Torres expresó que, aunque el acceso al edificio fue restablecido horas después y se realizaron algunos pagos parciales, el adeudo persiste para una parte importante de los trabajadores. 

Detalló que el problema tiene origen en una mala planeación presupuestal que se ha repetido año con año, con presupuestos “copiados” sin ajustes reales y un gasto excesivo en una partida denominada “apoyos”, la cual, afirmó, opera en la práctica como una nómina paralela sin controles claros.  

Tan solo en 2024, ese rubro pasó de cuatro a nueve millones de pesos ejercidos, lo que contribuyó al desbalance financiero. Esa cuenta pública, añadió, fue reprobada, sumando cuatro consecutivas para el municipio. 

La deuda municipal incluye pagos pendientes a trabajadores activos, pensionados, proveedores, SAT y recursos federales etiquetados que no fueron ejercidos ni devueltos.  

En el caso de los pensionados, existe una orden judicial vigente desde diciembre que obliga al Ayuntamiento a regularizar los pagos, la cual, según el regidor, no se ha cumplido de forma sostenida.  

Una audiencia clave para definir posibles sanciones está programada para el 9 de febrero. 

Actualmente, alrededor de 120 personas, entre personal operativo, policías, administrativos y jubilados, resultan afectadas.  

Algunos trabajadores activos acumulan hasta cinco quincenas sin recibir salario y, pese a ello, continúan laborando por temor a represalias laborales. 

En Cabildo, el regidor propuso exhortar formalmente al alcalde y al tesorero a cumplir con la resolución judicial; sin embargo, el punto fue rechazado por la mayoría.  

El presidente municipal, de extracción panista y en su quinto periodo como alcalde, argumentó contar con un plan de ajuste que incluiría despidos, aunque hasta ahora no se ha reflejado en acciones concretas. 

Torres también cuestionó la falta de transparencia en el ejercicio del gasto y en la ejecución de obra pública, prácticamente inexistente con recursos propios.  

Incluso señaló que, en sesión de Cabildo, el alcalde justificó el retraso en pagos argumentando la necesidad de destinar recursos a la compra de luminarias para alumbrado público. 

“La nómina no debería pagarse por presión social ni por orden judicial, sino por responsabilidad”, concluyó el regidor, al advertir que la falta de conciencia administrativa ha llevado al municipio a un punto crítico, sin avances reales y con un impacto directo en la vida de sus trabajadores.