Tomado de REFORMA Cd. de México (30 abril 2026) .-00:00 hrs
Basado en el expediente S9 23 Cr. 180 (KPF)· Tribunal de Distrito de los EE.UU., Distrito Sur de Nueva York · Certificado: 23 de abril de 2026
En sus treinta y cuatro páginas, el Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York señala una estructura criminal que abarca desde el despacho del Gobernador de Sinaloa hasta las comandancias de la Policía municipal de Culiacán y el propio Edil de dicha localidad. El documento, identificado bajo el número S9 23 Cr. 180 (KPF) y certificado el 23 de abril de 2026, acusa a diez funcionarios mexicanos -4 de ellos en funciones y 6 que desempeñaron cargos en años recientes- de servir como escudo y poner las instituciones del estado sinaloense al servicio de “Los Chapitos”.
El documento enlista señalamientos de diversos delitos como la intervención electoral del narco, listas de funcionarios que cobraban mensualmente un pago por ayudar a los criminales, filtración de operaciones antinarco para que los laboratorios donde se fabrican drogas pudieran ser desmantelados antes de que autoridades llegaran, e incluso cómo la Policía Municipal de Culiacán fue utilizada para secuestrar y entregar a una fuente confidencial de la DEA para que fuera asesinado por sicarios, incluyendo a sus familiares dentro de los que estaba un niño de 13 años.
“El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha convertido al estado mexicano de Sinaloa en el epicentro geográfico del tráfico mundial de narcóticos.”
– Párrafo 1, Acusación formal S9 23 Cr. 180
El cargo central contra Rocha y el grupo de funcionarios sinaloenses es la asociación delictuosa para la importación de narcóticos a los Estados Unidos, tipificada en las secciones 952(a), 959(a) y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos. A éste se suman dos cargos relacionados con la posesión y asociación para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, y dos más por secuestro con resultado de muerte.
¿Quiénes son los funcionarios señalados? Las autoridades de EU construyen su caso alrededor de Rubén Rocha y otros funcionarios o ex funcionarios de nivel alto y medio dentro de Sinaloa. El Gobernador, el entonces Secretario General de Gobierno -hoy senador-, el Secretario de Administración y Finanzas, el Vicefiscal general, los jefes de la Policía de Investigación, el Secretario de Seguridad Pública, el Alcalde de Culiacán y el comandante de la Policía municipal. Todos ellos, según la acusación, formaron una red de protección para que “Los Chapitos” pudieran traficar toneladas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a los Estados Unidos.
Rubén Rocha Moya
Gobernador de Sinaloa (asumió el cargo 1 de noviembre de 2021)
Es la figura central de la acusación. El documento lo describe como quien, antes de convertirse en Gobernador, se reunió con Iván y Ovidio Guzmán en una reunión resguardada por sicarios con ametralladoras, donde “prometió a los líderes de Los Chapitos que, si resultaba elegido, se aseguraría de que se colocara en puestos de autoridad del Gobierno de Sinaloa a funcionarios favorables al tráfico de drogas.” A cambio, se asegura que los hijos del Chapo garantizaron su triunfo electoral.
Enrique Inzunza Cázarez
Ex Secretario General de Gobierno de Sinaloa hasta 2024 – Actual Senador por Morena
Señalado como mano derecha de Rocha Moya durante la primera parte de su administración. La acusación señala que “se reunió con los líderes de Los Chapitos y otros líderes del cártel y acordó planes específicos para que el Gobierno de Sinaloa apoye y proteja al cártel.” Las autoridades de EU afirman que participó directamente en la reunión posterior a la elección, en la que definieron detalles del pacto criminal.
Enrique Díaz Vega
Ex Secretario de Administración y Finanzas (dejó el cargo en 2024)
Actuó como enlace entre Los Chapitos y el Gobernador Rocha. Antes de las elecciones de 2021, entregó a los líderes del cártel “los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya, para que los Chapitos pudieran amenazar y obligar a esos oponentes a retirarse de la contienda por la Gubernatura.”
Dámaso Castro Zaavedra
Vicefiscal General de Sinaloa (en el cargo desde octubre de 2021)
Señalado por recibir sobornos por autoridades de EU quienes lo identifican en la nómina criminal bajo el alias “Culiacán Regio”. A cambio de los pagos mensuales que recibía “proporcionó a los Chapitos protección contra la detención y les proporcionó una notificación previa sobre las operaciones del orden público en su contra que implicaban a la DEA.”
Marco Antonio Almanza Avilés
Ex Jefe de la Policía de Investigación (febrero 2017 – noviembre 2022)
Acusado por EU de recibir pagos de Los Chapitos. Es identificado como “R1” en la nómina criminal. Libró órdenes de arresto contra enemigos de Los Chapitos a petición de éstos y permitió el transporte de químicos para la producción de fentanilo a través de Culiacán. Estableció su acuerdo con los Chapitos en una reunión que tuvo lugar en el rancho de Iván.
Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”
Ex Jefe de la Policía de Investigación (noviembre 2022 – febrero 2026)
Sucesor de Avilés, designado por Rocha Moya “con la aprobación explícita de los líderes de los Chapitos.” Continuó el esquema de su predecesor: ordenó la liberación de miembros del cártel detenidos y “ayudó a los Chapitos a localizar y matar a sus enemigos, incluidos miembros de cárteles rivales.”
Gerardo Mérida Sánchez
Ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa (septiembre 2023 – diciembre 2024)
Señalado por EU por filtrar información al cártel. Durante 2023, “advirtió a los Chapitos con antelación de al menos 10 redadas a laboratorios de drogas, lo que permitió a los Chapitos evacuar al personal y las drogas de los laboratorios antes de que la policía pudiera incautar los materiales.”
José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”
Comandante y Subdirector de la Policía Estatal (2012-2024)
EU lo considera una figura clave al servicio de la facción criminal durante más de una década. Lo acusan de no arrestar a miembros del cártel, además “vendió munición y cargadores para rifles de asalto a miembros de los Chapitos.” En reuniones con Iván y Ovidio, recibió una radio para mantener comunicación permanente con la organización.
Juan de Dios Gámez Mendívil
Alcalde de Culiacán (ocupa el cargo desde junio 2022)
Autoridades de EU señalan su vínculo con el cártel al tener control de la Policía Municipal de Culiacán. Es acusado por “permitir a los Chapitos operar en Culiacán sin interferencia del Gobierno, ha protegido las operaciones de tráfico de drogas de los Chapitos en su jurisdicción y ha protegido a los miembros de los Chapitos de ser detenidos.”
Juan Valenzuela Millán, “Juanito”
Comandante de la Policía Municipal de Culiacán (2018-2024)
Señalado por Estados Unidos como el responsable de secuestrar y entregar a un testigo que colaboraba con la DEA, denominado como “FC”, y a su familia. Agentes bajo su mando, en una patrulla, “detuvieron a FC y a otra víctima, los secuestraron y los entregaron a sicarios del cartel, quienes torturaron y luego mataron a esas y otras víctimas.”
La intervención de Los Chapitos para elegir a Rocha
Las autoridades de EU señalan que, a principios de 2021, cuando Rocha Moya aún era candidato, ya había pactado con los líderes de La Chapiza. La acusación describe con detalle una reunión en la que el aspirante político y los hijos del Chapo negociaron los términos de su acuerdo.
“En la reunión, que fue protegida por sicarios del cártel armados con ametralladoras y otras armas, Iván y Ovidio prometieron que los Chapitos se asegurarían de que Rocha Moya ganara las elecciones a gobernador.”
– Párrafo 31(a), Acusación formal
La promesa de “apoyo electoral” fue cumplida. El documento describe que el día de la elección, en junio de 2021, Los Chapitos desplegaron toda su fuerza para favorecer a Rocha Moya. El ex funcionario Enrique Díaz Vega entregó a los Chapitos una lista con los nombres y domicilios de los opositores de Rocha Moya para que pudieran ser “neutralizados”. El día de la votación, sicarios del cártel robaron boletas y urnas y utilizaron la lista de Díaz para intimidar a los oponentes electorales de Rocha Moya.
Los mandos de la Policía Estatal de Sinaloa, según el documento, recibieron instrucciones de no acercarse a los recintos electorales, inclusive en los casos en los que fueran testigos de algún delito. La acusación detalla que durante la jornada electoral los agentes recibieron llamadas de emergencia reportando amenazas en casetas, robo de urnas en Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota, y la presencia de individuos armados con pistolas y palos en las mesas de votación.
Acusación formal
“Siguiendo instrucciones, los agentes no intervinieron.”
– Párrafo 31(c), sobre el comportamiento de la Policía Estatal el día de las elecciones de junio de 2021
Tres meses después, ya en el puesto como Gobernador, Rocha Moya y su entonces Secretario General Inzunza Cázarez se sentaron de nuevo con los Chapitos en otra reunión custodiada por sicarios. En ella se habló abiertamente del acuerdo: los Chapitos habían cumplido su parte garantizando su triunfo electoral, ahora el Gobernador electo debía cumplir con el arreglo para facilitar las operaciones criminales. La acusación describe cómo Rocha Moya facilitó lo que el documento de la Fiscalía de NY establece como el “control casi total” de los Chapitos sobre las instituciones de seguridad y justicia en Sinaloa.
La Fiscalía General del Estado
El hombre en la cima de la jerarquía corrupta dentro de la Fiscalía estatal es Dámaso Castro Zaavedra, actual Vicefiscal general. La acusación lo identifica con el alias de “Culiacán Regio” en las listas de pagos del cártel. “Zaavedra ha protegido a los miembros de los Chapitos para que no fueran detenidos y les ha informado de las operaciones de las fuerzas del orden público planeadas con el respaldo de los Estados Unidos, incluidas informaciones sobre operaciones dirigidas contra los laboratorios de drogas y los miembros de los Chapitos, de modo que estos pudieran destruir o trasladar las pruebas de las actividades de tráfico de drogas antes de dichas operaciones.”
– Párrafo 8, Acusación formal
Abajo de Zaavedra, en la cadena de mando estaban los jefes de la Policía de Investigación -la llamada Policía Ministerial-, quienes ocuparon consecutivamente el cargo: primero Almanza Avilés y luego Contreras Núñez. Ambos aparecen en las listas del cártel bajo el código “R1” y recibían aproximadamente 300 mil pesos mensuales. Avilés fue más allá, pues también es acusado de permitir el tránsito de vehículos con precursores químicos para fabricar fentanilo, así como de emitir órdenes de arresto contra facciones enemigas del cártel.
La Secretaría de Seguridad Pública
Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, supervisaba a la Policía Estatal. Fue quien, según el documento, se convirtió en una fuente de inteligencia privilegiada para los Chapitos. La acusación detalla que sólo en 2023, Sánchez alertó al cártel “con antelación de al menos 10 redadas a laboratorios de drogas”, lo que permitió que los criminales se esfumaran antes de cada operativo. También destaca porque, según la Fiscalía de EU, recibía el mayor soborno mensual por parte de los criminales, estimado en 100 mil dólares.
La Policía Estatal
José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, se coludió con criminales dentro de la Policía Estatal durante más de una década. Según la acusación, no sólo recibía sobornos sino que “colocó a otros agentes de policía que figuraban en la nómina de los Chapitos en puestos de poder dentro de la Policía Estatal de Sinaloa”, asegurando mayor colaboración con la estructura criminal. “En una de esas reuniones, Hipólito y los comandantes confirmaron que estaban al servicio de los Chapitos y acordaron informarles sobre futuras misiones que Hipólito y sus comandantes recibieran de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, incluidas las relacionadas con operaciones antinarcóticos.”
– Párrafo 31(j), Acusación formal
La Policía Municipal de Culiacán
Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde de Culiacán desde 2022, y Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, su comandante más influyente, completan el cuadro de colusión con el narco a nivel municipal. Mendívil es señalado de recibir más de 10 mil dólares al mes para garantizar que los Chapitos pudieran operar en la capital sinaloense sin interferencia. Por su parte, Millán es señalado por recibir mensualmente alrededor de 41 mil dólares para distribuirlos entre él y el resto de agentes municipales. Según la acusación, también ordenó a sus agentes transportar fentanilo y metanfetamina desde los laboratorios del cártel hacia Estados Unidos.
La nómina del cártel
Uno de los elementos con los que autoridades de EU sustentan las acusaciones es una supuesta narconómina en la que exhiben pagos a funcionarios. Afirman que los Chapitos, a través de un “jefe de plaza” en Culiacán, dispersaba los pagos a funcionarios corruptos a nivel municipal, ministerial y estatal. “El jefe de plaza de Culiacán suele recibir de los líderes de los Chapitos, cada mes, una caja con una gran cantidad de dinero en efectivo, acompañada de una lista de funcionarios públicos corruptos y de la cantidad que se debe pagar a cada funcionario en concepto de sobornos ese mes.”
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https://www.reforma.com/las-acusaciones-de-la-fiscalia-de-nueva-york/ar3195797?v=7
